... sin palabras ...

"Empresa estadounidense demanda a Guatemala por US$65 millones al amparo del Tratado de Libre Comercio", reza este artículo que me llegó vía e-mail para que lo difundiera a todos mis conocidos, y que, como muchas otras cosas relacionadas con el TLC, me dejó sin palabras...
Empezando porque Regina Vargo, la ex jefe de negociaciones del CAFTA por parte de Estados Unidos es la asesora legal de la empresa que ahora está demandando a nuestro vecino Guatemala.

"Es la primera demanda planteada contra un país de Centroamérica al amparo de las clásulas del tratado de libre comercio.

La empresa estadounidense Ferrovías de Guatemala, subsidiaria de la Railroad Development Corporation (RDC), planteó la primera demanda contra Guatemala al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, por lo que está demandando un arbitraje internacional.

La compañía, que en 1997 obtuvo la concesión para operar un ferrocarril en Guatemala por 50 años, espera obtener una indemnización por 65 millones de dólares de parte del gobierno guatemalteco, anunció su presidente, Henry Posner III.
Según fuentes oficiales, la compañía nunca invirtió un centavo ni puso a operar el ferrocarril, por lo que el gobierno del presidente Oscar Berger dio por concluido el contrato con RDC en agosto de 2006.

Posner dijo este martes en conferencia de prensa que la demanda procede porque el TLC había entrado en vigencia desde el 1 de julio del 2006, y por lo tanto protege los intereses de su empresa.

De acuerdo con las cláusulas del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, una empresa norteamericana puede reclamar un arbitraje internacional para dirimir un conflicto de intereses con un Estado signatario, sin necesidad de agotar las instancias judiciales internas.
De acuerdo con el diario "El Periódico" de Guatemala, la empresa transnacional ha contratado como asesora legal en este litigio a la ex jefe de negociaciones del TLC por parte de Estados Unidos, Regina Vargo.

RDC argumenta que el Estado guatemalteco incumplió con la obligación de garantizar el derecho de vía al no desalojar a los invasores que se habían ubicado a lo largo de la línea del ferrocarril, y que tampoco cumplió con ciertas obligaciones financieras establecidas en el contrato.
Esta es la primera vez que un Estado centroamericano es demandado por una empresa estadounidense al amparo del TLC, que entró en vigencia en la mayoría de los estados firmantes, con la excepción de Costa Rica donde se le da actualmente trámite legislativo."

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